¿Neoliberalismo o socialdemocracia?
JOAN MAJÓ - EL PAÍS - 09/11/2011
No me gusta dramatizar excesivamente las comparaciones entre opciones políticas. Me niego a jugar a buenos y a malos. Cuando se empieza así, se acaba denigrando y deslegitimando a los malos, y esto es injusto. No me gustan las campañas electorales (que por suerte son cortas) porque invitan a la dramatización, con apelaciones más a los sentimientos que a la razón.
No es lo mismo votar a favor de un Estatuto, aunque recortado, que recurrirlo ante el Tribunal Constitucional
Pero no puedo ignorar la actualidad y, observada fríamente, las perspectivas relacionadas con el próximo día 20 son preocupantes. Hay razones objetivas para pensar que el resultado que se prevé va a ser perjudicial para muchos en Cataluña, en España y en Europa. Una mayoría absoluta del PP, si los votos la materializan, será democrática, será legítima y será consecuencia, más que de méritos propios, que son pocos, de los efectos de la crisis y de los errores socialistas de estos años. Pero esta legitimidad no quita que sea perjudicial para una gran parte de los catalanes, de los españoles y de los europeos.
Se dice demagógicamente que para Cataluña el PP y el PSOE son lo mismo. Esta afirmación, aunque pueda favorecer algunos intereses, es una gran falsedad. Es cierto que ninguno de los dos partidos ha entendido lo que queremos los catalanes, pero las actitudes y los hechos de unos y de otros durante las dos últimas décadas están a una enorme distancia. No tiene comparación la cerrazón de la segunda legislatura de Aznar con los intentos ingenuos y parcialmente fallidos de Zapatero de mejorar la situación. No es lo mismo votar a favor de un Estatuto, aunque recortado, que recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, ni es lo mismo apoyar la inmersión lingüística que intentar hacerla fracasar usando la catalanofobia como arma electoral. Los catalanes tenemos malas perspectivas...
Para mí es importante el tema catalán, pero son los aspectos sociales los que más me preocupan. Temo que las clases medias catalanas, españolas y europeas van a pasarlo mal durante los próximos años. La crisis ha cambiado el panorama político en toda Europa, que durante la segunda parte del siglo pasado estuvo presidido por el enfrentamiento y la alternancia entre unas derechas moderadas (en muchos casos de inspiración cristiana) y la socialdemocracia. El pacto tácito entre ambas condujo a un modelo social que permitió mantener la democracia y alejó intentos revolucionarios de izquierdas o populistas de derechas. Este modelo, por cierto muy envidiado, se basó en el mantenimiento de la libertad individual y de mercado, en la primacía de la iniciativa privada, en la regulación del mercado y en la redistribución por la vía fiscal (el Estado de bienestar, nombre que no me gusta pero que sirve para entendernos). Con ello, se conservó la libertad, se impulsó el progreso y se mejoró la equidad.
El modelo se pone en cuestión a finales de siglo. Por una parte, en la derecha, se ha convertido en mayoritaria la corriente neoliberal y esto ha comportado y comportará reducir el papel del Estado y un retroceso en el Estado de bienestar, desregulando el mercado y reduciendo impuestos (especialmente los que gravan las rentas procedentes del capital, no las del trabajo) al tiempo que recortando los servicios públicos. Por otra parte, la socialdemocracia, que desarrolló y tiene como referente el Estado de bienestar, no ha sabido reaccionar a sus abusos y sobre todo no ha sabido adaptarlo al nuevo mundo que se está configurando en este principio de siglo. Tenemos, pues, una derecha que ha reforzado su pacto con los poderes financieros y las grandes fortunas, y que tiene un programa retrógrado pero claro. Y tenemos una socialdemocracia desorientada en busca de renovación. Es probable que el día 20 ocurra lo que parece lógico, pero esto no quita que no sea negativo para una parte muy amplia de la población, la que tiene en los servicios públicos el complemento imprescindible para compensar las crecientes diferencias de renta.
Si ahora España se suma a los Estados europeos gobernados por la derecha, hay razones para pensar que el proyecto de Europa seguirá paralizado. Y si avanza, lo hará en una dirección mercantilista y menos social. Sería una lástima, pues con una Europa cohesionada socialmente hubiéramos podido retrasar algunas décadas la inevitable decadencia individual de los países que la forman. Para mí, sin una socialdemocracia fuerte y moderna no habrá Europa...
El pacto fiscal que España y Cataluña necesitan
El concierto no es una buena referencia y menos ahora en plena crisis. Es incongruente pedir mayores competencias fiscales para la Unión Europea y a la vez querer retirarlas del Gobierno español
ANTONI ZABALZA - EL PAÍS -09/11/2011
No va a ser fácil defender un pacto fiscal basado en el concierto económico. La debilidad fundamental es su incoherencia con los principios del federalismo fiscal. Reclamar para Cataluña la titularidad y recaudación de la totalidad de los impuestos devengados en su territorio es ineficiente desde el punto de vista de la gestión porque no sitúa estas competencias en la jurisdicción adecuada. En general, las jurisdicciones centrales están en mejores condiciones que las subcentrales para recaudar impuestos de bases imponibles territorialmente movibles o cuya carga puede ser fácilmente trasladada de una jurisdicción a otra. Impuestos de gran recaudación como el de sociedades e IVA pertenecen a esta categoría y generalmente se asignan a los Gobiernos centrales, mientras que impuestos de base menos movible, como los que gravan la propiedad y las transacciones inmobiliarias, se asignan a los Gobiernos subcentrales. Los que gravan la renta acostumbran a compartirse entre los dos niveles de Gobierno. La distribución de impuestos no es caprichosa; obedece a una lógica que tiene sentido, como lo corrobora la gran similitud observada en esta materia entre países federales.
Un país federal asigna al Gobierno central las bases imponibles más potentes y elásticas
La falta de equidad del sistema de financiación regional debe ser eliminada
La propuesta tampoco cumple el principio de responsabilidad tributaria. Los Gobiernos que deciden el gasto deberían ser también los que tienen la responsabilidad de obtener del sector privado los recursos necesarios para financiarlo. Esta es la mejor forma de enfrentar al político con el coste de sus decisiones y a su elector con el valor de los servicios que recibe. Con el pacto fiscal propuesto, la Generalitat se vería obligada a asumir la titularidad y recaudación de impuestos que van más allá de sus necesidades, mientras que el Gobierno central se vería liberado de esta responsabilidad.
En tercer lugar, este pacto fiscal debilita de forma significativa la autonomía financiera de la jurisdicción central. Es verdad que, sea cual sea la distribución territorial de la recaudación, un sistema adecuado de transferencias debería permitir que cada jurisdicción dispusiera de los recursos necesarios para hacer frente a sus competencias de gasto. El problema es que la necesidad efectiva de recursos no es independiente de las competencias asumidas. Las hay estructurales y predecibles para las que esta condición es fácil de cumplir. Otras, en cambio, son coyunturales y variables, y su financiación pautada es mucho más difícil. La estabilización macroeconómica es por antonomasia la competencia más representativa de este segundo grupo. Y esta competencia es, y debe ser, de la jurisdicción central. Es impensable que un país federal no asigne al Gobierno central las bases imponibles más potentes y de mayor elasticidad, con el fin de que pueda desarrollar de forma oportuna la política fiscal adecuada según la coyuntura macroeconómica del momento. Hacerlo de otra manera sería una decisión perjudicial para todos.
Si el sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal ,¿por qué lo tienen el País Vasco y Navarra, sin que ello suponga un descalabro para España? La razón es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan un 8% del PIB español. Cataluña representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que debería tener es un mal soportable. Restarle cerca del 27% sería muy preocupante. Si el sistema de concierto se generalizara, restarle el 100% sería una irresponsabilidad.
Además de ineficiente, no está claro que el pacto fiscal propuesto vaya a favor de los intereses de los catalanes. Como catalán quiero que mi jurisdicción autonómica funcione bien; pero también quiero que mi jurisdicción central funcione correctamente. Mi bienestar no depende de una sola jurisdicción; depende de todas las jurisdicciones a las que pertenezco. Es incongruente pedir competencias fiscales para la Unión Europea, como solución a los graves problemas que está teniendo en la gestión de la crisis, y a la vez querer retirarlas del Gobierno español, reclamando para sí todas las bases fiscales devengadas en Cataluña.
Por otra parte, la presumida mejora de financiación que este pacto generaría para el Gobierno catalán es cuestionable. Ostentar la titularidad y gestión de todos los impuestos devengados en Cataluña no es lo mismo que tener más recursos para financiar servicios públicos. Los recursos de los que finalmente dispondría la Generalitat dependerían del diseño de la transferencia al Gobierno central (es decir, del cupo), y aquí las posibilidades están legalmente acotadas: el artículo 138.2 de la Constitución Española (CE), en el que se establece que las diferencias entre los estatutos de las comunidades no pueden implicar privilegios económicos, impide que este pacto diera a Cataluña más recursos que los generados por el sistema de régimen común.
La esperanza de mayores recursos se asienta en la mayor financiación que hoy tienen las comunidades forales. Pero esta ventaja no depende del sistema de concierto per se, sino del particular diseño de la transferencia que, en mi opinión, es incorrecto. En su Disposición Adicional Primera, la CE ampara el sistema de concierto (es decir, su singular asignación de tributos), pero esta protección no puede ser contradictoria con la prohibición de privilegios económicos que prevé el artículo 138.2 más arriba citado. Hasta ahora, en un contexto de recursos abundantes, la diferencia de financiación entre las comunidades forales y las de régimen común no ha despertado demasiado interés. A medida que la crisis vaya mermando la capacidad de las comunidades de régimen común de proveer servicios públicos esenciales, la existencia de esta desigualdad podría ser contestada.
Una parte importante de los recursos tributarios originados en Cataluña está gestionada y es de la titularidad del Gobierno central. La capacidad de reacción ante la crisis que esta potencia fiscal da a nuestro Gobierno central es un activo fundamental para defender el rating no solamente de la deuda soberana española, sino también de la deuda pública de las comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco y Navarra. Así es como debería ser. Ahora bien, en justa correspondencia, la contribución al mantenimiento de la credibilidad fiscal del Gobierno español debería ser territorialmente equitativa.
Si Cataluña quiere plantear un pacto fiscal debe abandonar el concierto como referencia. El pacto fiscal que España y Cataluña necesitan debería girar alrededor de los siguientes tres ejes:
El primero es la reforma del proceso descentralizador. España ha accedido a la descentralización desde un Estado unitario y esto ha implicado que la última palabra sobre el proceso la haya tenido el Gobierno central. El árbitro del proceso debería ser independiente del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos. La reforma del Senado y la creación de un organismo parlamentario que sustituya al actual Consejo de Política Fiscal y Financiera serían pasos importantes en esta dirección.
El segundo es la reforma del sistema de financiación. El modelo aprobado en 2009 ha dado más recursos a todas las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, pero es complejo y oscuro. Adopta la retórica del Estatuto catalán, pero no la sustancia. El modelo de financiación debe velar por la equidad como hasta ahora se ha hecho, pero también por la eficiencia. Debe incorporar fuertes incentivos marginales al esfuerzo fiscal de las comunidades.
El tercero es el encaje de los regímenes foral y común. La falta de equidad del sistema de financiación regional español debe ser eliminada. Y para ello es el sistema foral el que debe converger hacia el común. A menos que voluntariamente ofrecido por las comunidades forales, un cambio en la asignación de tributos es difícil porque requeriría una reforma constitucional. Cambiar el diseño del cupo, sin embargo, no requiere cambiar la CE y es factible si el problema se explica bien a las comunidades forales.
De los tres, este es el eje más difícil de este pacto fiscal alternativo. Pero quizás ahora sea el momento adecuado para abordar la cuestión. La grave crisis económica que estamos padeciendo nos está haciendo replantear de manera fundamental muchas de nuestras prácticas anteriores en los campos financiero, laboral e industrial, y en materia de provisión y financiación de servicios públicos esenciales ¿Quién dice que nuestra peculiar arquitectura institucional territorial no deba también ser reexaminada a fondo?
Antoni Zabalza fue secretario de Estado de Hacienda, con Felipe González.
- Dos articles d’opinió més coincidents amb la impressió que vaig tenir jo mateix del debat Rubalcaba/Rajoy:
Rubalcaba fue más claro y audaz
El candidato socialista salió al ataque mientras que el popular, desde la comodidad de las encuestas, jugó a no arriesgar
Análisis de Luis R. Aizpeolea 8 NOV 2011 - EL PAÍS
Todo se desarrolló como en un guion escrito de antemano. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, al partir de una situación de desventaja, salió al ataque, y el candidato del PP, Mariano Rajoy, desde la comodidad que le dan las encuestas, jugó a no arriesgar. El resultado fue que Rubalcaba expuso sus planes, su proyecto de Gobierno, con mayor claridad que Rajoy.
En el bloque más importante, el de economía y empleo, Rubalcaba centró su ataque a Rajoy en dos aspectos muy precisos: le interpeló sobre si recortaría las prestaciones de desempleo y si flexibilizaría la negociación colectiva en las pymes, con el programa del PP en mano, del que hizo gala de haberlo estudiado detenidamente. El candidato popular rehuyó el envite. Se mantuvo a la defensiva sobre sus planes y respondió, también, como estaba previsto en el guion: reprochó a Rubalcaba los cinco millones de desempleo como consecuencia de la gestión del Gobierno socialista, del que formó parte hasta julio.
Rubalcaba ganó en claridad a Rajoy al exponer su programa económico. Precisó su política de ingresos —impuesto para las grandes fortunas y a los bancos para crear empleo— y de ahorro —supresión de Diputaciones, lucha contra el fraude y reducción de las Fuerzas Armadas— con el compromiso de mantener las políticas sociales
Rajoy apenas precisó. Habló de desarrollar una política de austeridad, pero no aclaró de dónde recortaría. Su respuesta a Rubalcaba fue hacer un canto genérico a la necesidad de crecer para crear empleo, lo que aumentaría la recaudación y aseguraría las políticas sociales. No obstante, en política social, Rajoy sí adquirió un compromiso: mantener el poder adquisitivo de las pensiones, aunque sin aclarar qué hará en los Presupuestos de 2012. El otro momento de mayor tensión, además del pulso sobre el recorte a las prestaciones de desempleo, fue el ataque de Rubalcaba a Rajoy por la subvención a los centros educativos de élite de la Comunidad de Madrid, como avanzadilla de su gestión educativa, y que Rajoy no admitió.
El final del debate fue más relajado. Ambos se comprometieron a gestionar juntos el fin de ETA. Y el corolario fue también de libro. Rajoy pidió el cambio para superar la crisis y Rubalcaba, muy emotivo, llamó a la movilización para soltar el freno de su electorado: la indiferencia por la gran losa en que la crisis ha sometido a la política.
Sentido común y mandato de Dios
Rajoy ha sido premiado con la victoria por puntos pese a la negativa a explicar su programa
JAVIER PRADERA - EL PAÍS - 09/11/2011
Los buenos aficionados a las intervenciones parlamentarias, los discursos mitineros y las entrevistas de Rajoy están familiarizados con dos célebres frases hechas que le sirven de muletas en momentos de vacilación, apuro o desconcierto. La apelación al sentido común (en tanto que órgano privilegiado de conocimiento) y al procedimiento de como Dios manda (para llevar a buen puerto las instrucciones recibidas de esa inteligencia superior) constituyen sus principales aportaciones a la neo-jerga política. El refuerzo de autoridad brindado por esos latiguillos cognitivo-teológicos explica tal vez que, en teoría simple challenger para el título de campeón de los pesos pesados en el combate político-pugilístico de anteayer, fuese premiado con la victoria por puntos frente a Rubalcaba, pese a sus negativas a explicar su programa.
En el debate, Rajoy mencionó varias veces el sentido común como si fuese el tribunal supremo aplicado a las prestaciones sanitarias y de jubilación del Estado del bienestar. Pero un breve repaso al respetado Diccionario de Filosofía de José María Ferrater Mora nos enseña que el concepto no se presta a la definición intuitiva que suelen manejar los abuelos con los nietos revoltosos o los curas con los alumnos díscolos, sino que tiene una compleja genealogía intelectual contraria a su aparente simpleza.
Si la noción aristotélica de lo que fue llamado posteriormente sensus communis resume una vasta masa de doctrinas, las posteriores adaptaciones escolásticas también muestran notables discrepancias. La concepción tomista, en cualquier caso, se refiere a las aprehensiones de un mismo sentir por varios individuos que alcanzan un acuerdo universal respecto a ciertos principios o verdades aceptables por la racionalidad de todos los seres humanos.
Es evidente que la utilización del llamado sentido común para imponer a los demás las opiniones propias sobre cualquier asunto controvertido, so pena de acusarles de maliciosos defensores de intereses particulares o de perturbados incapaces de distinguir entre la realidad y la ficción, destruye los supuestos del pluralismo político, social e ideológico que sirven de base al sistema democrático. Si todos los problemas de la convivencia en común de una sociedad tienen una sola solución, avalada por un sentido común único que reflejaría la racionalidad del ser humano, el procedimiento lógico a seguir será entregar las palancas del poder a quien invocase su santo nombre y reivindicase sin más pruebas el monopolio de su posesión, tal y como suele hacer Mariano Rajoy. Desparecerían así de escena los intereses en conflicto y la competición en el mercado de las ideas para aportar soluciones. La fórmula marianística para crear puestos de trabajo, acabar con el déficit y amortizar la deuda ni siquiera es una arbitrista fórmula de sentido común: se trata simplemente de una petición de principio: si no hubiese paro desaparecería el subsidio de desempleo, aumentarían los ingresos de la Seguridad Social y las arcas del Estado volverían a llenarse.
El candidato Rubalcaba apuntó algunas interesantes líneas de actuación de ámbito europeo -como el aplazamiento hasta 2015 de la consolidación fiscal de cada país, la rebaja de los tipos de interés por el Banco Central Europeo y un plan de choque de 70.000 millones de euros para la creación de empleo financiado por el Banco Europeo de Inversiones- merecedoras cuando menos de discusión antes de ser aplastadas por el rodillo de la austeridad. Porque hay inquietantes precedentes de Grecia, de otros países europeos y de las movilizaciones españolas del 15-M acerca de las dificultades que puede encontrar la Unión Europea para consolidar su proyecto democrático en un clima de asfixia económica.
Rajoy no consideró necesario, en cambio, apuntalar anteayer el templo del sentido común con la ingeniería sacra del como Dios manda. Sin embargo, seguramente el arriscado y combativo sector de la ultraderecha que vivaquea en el campamento de Esperanza Aguirre echaría de menos una respuesta contundente a la pregunta del candidato Rubalcaba sobre el tratamiento que daría Mariano Rajoy a algunas leyes aprobadas o proyectadas en las dos legislaturas socialistas anteriores si los populares conquistaran el poder: aceleración del divorcio, matrimonio homosexual, modificación de la ley del aborto, muerte digna, conciliación laboral y libertad religiosa. ¿Tendrían los ateos, agnósticos y politeístas vela en este entierro? ¿Y a quién confiaría su mandato Dios: a Rajoy, a Esperanza Aguirre o a Rouco?
