Avui us deixo la interessant reflexió a favor del municipalisme que fa en la TRIBUNA del 27 d’octubre de Manuel Bustos a El País edició de Catalunya, del 27 d’octubre.
Ara això sí, unes breus opinions personals al voltant del tema sí que us faig:
- El món local, es troba ara, en la desagradable situació que alguns els seus màxims responsables estant essent imputats per unes actuacions que no depenen d’ells ja que la construcció de les plantes depuradores, necessàries per garantir que no es produeixi l’abocament d’aigües residuals a les lleres públiques, són competència d’una altra administració.
- Recordar que els governs locals són les administracions públiques més properes als ciutadans, per això és on s’adrecen en primer lloc per a la demanda de serveis públics i, al mateix temps, aquestes són les administracions que millor coneixen les seves preferències.
- També dir que els governs locals, al ser el nivell més baix de l’administració, no disposen dels instruments fiscals i financers suficientment flexibles per adaptar-se a aquesta situació canviant.
- Ara el cert és que també cal reclamar una bona gestió dels recursos públics i aquests administrar-los bé, buscant complicitats polítiques i institucionals, que malauradament, no tothom és capaç de fer.
Responsabilidad y justicia
En ocasiones, como en las imputaciones penales de alcaldes por motivos medioambientales, chocamos con una legislación que nos hace responsables de hechos que no nos competen o que no dependen solo de nuestras decisiones. El fiscal considera que algunos alcaldes están incumpliendo sus obligaciones en materia de saneamiento. ¿Cuál es la situación real? Que la construcción de las plantas depuradoras, necesarias para garantizar que no se produzcan los vertidos, son competencia de otra Administración. Resultado: alcaldes imputados penalmente por decisiones y actuaciones que no dependen de ellos. Por ello, desde la Federación de Municipios de Cataluña hemos trasladado al Gobierno de la Generalitat la necesidad de que se complete el sistema de saneamiento de los municipios y, paralelamente, hemos trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente la voluntad de trabajar conjuntamente para buscar soluciones que pongan fin a este tipo de situaciones e imputaciones.
El caso se repite si hablamos de la ley de protección de los animales. El Parlament aprobó por unanimidad que no se puedan sacrificar animales abandonados. Anualmente se abandonan unos 23.000 animales de compañía en Cataluña y el coste medio de mantenimiento por cada uno es de 11 euros al día. Así pues, el mundo local tendría que destinar unos 92 millones de euros anuales para aplicar dicha ley. Nuevamente el Parlament aprueba una ley, pero no dota económicamente a los municipios para su cumplimiento, y otra vez el Código Penal responsabiliza al alcalde de forma indirecta de abandono o maltrato de animales en su municipio. Y esto, en una situación de precariedad económica y de falta de financiación como la actual, nos plantea un dilema imposible: ¿tenemos que gastar más recursos en la aplicación de la ley de protección de animales que en los servicios sociales o en la asistencia a las personas de nuestro municipio? ¿Cómo se resuelve esta dicotomía?
Hay más: imposiciones en la autorización de prostíbulos, injerencias en la ubicación de mezquitas, imposibilidad de obtener crédito, condiciones de pago más exigentes para los Ayuntamientos que para las empresas... ¿No sería más adecuado establecer un modelo de financiación local y definir claramente las competencias que tiene que asumir cada uno con los recursos necesarios? Así, los cargos electos podrían asumir las responsabilidades que realmente tuvieran. Responsabilidades, todas; injusticia, ninguna.
Manuel Bustos es alcalde de Sabadell y presidente de la Federación de Municipios de Catalunya.
