Un conte econòmic per les festes de Nadal i Cap d’Any

Un cuento de Navidad

Inquieta el escaso reconocimiento de los errores y excesos cometidos por el sector financiero, que están en el origen de la crisis. Y sorprenden los modestos ajustes realizados en su sistema de remuneraciones

CARLOS ARENILLAS, economista - EL PAÍS - 28/12/2010

¿Es sensato que entidades financieras con ayudas públicas repartan bonos entre sus directivos?

Este sector receta ajustes salariales al resto de la economía, pero no se los aplica a sí mismo

Dicho de forma clara, el flamante sistema financiero -con todos sus cualificados participantes y sus impresionantes remuneraciones- no superó la elemental prueba del mercado". Esta frase de Volcker, ex presidente de la Reserva Federal y asesor económico del presidente Obama, tiene mucho valor. Pone en boca de un experto y acreditado servidor público una verdad conocida por casi todos.

Inquieta el escaso reconocimiento de los errores y excesos cometidos por parte del conjunto -privado y público- del sector financiero y que están en el origen de la crisis. Sorprenden los modestos ajustes realizados en el sistema de remuneración de las personas que trabajan en él, y resulta descorazonador compararlos con la reducción de salarios en el resto de los sectores de la economía.

La crisis se fraguó por la interacción de ciertos desequilibrios macroeconómicos con un mal funcionamiento del sector financiero. Uno de esos fallos radica en su estructura de remuneraciones, que premia la asunción de riesgos y no castiga los fracasos. La situación permitía jugar con el Estado como garante en última instancia. Todo esto facilitó que en las últimas dos décadas el sector financiero obtuviera unas rentas excepcionales. Su nivel de sueldos y gratificaciones, la política de prejubilaciones o su excesivo peso sobre el total de la economía son reflejos de ello. El sistema financiero se volvió demasiado grande, costoso y opaco, y falló a la sociedad.

Las causas que generaron la crisis han sido bien identificadas. Las soluciones se van desplegando, tal vez con cierta lentitud, pero de forma inexorable. Los acuerdos tomados en el G-20 o el FMI se irán aplicando. La reforma de la arquitectura financiera avanza en varios frentes. Pero hay uno que es imprescindible: una modificación decidida de las políticas de remuneración del sector financiero.

Las consecuencias de la crisis financiera han sido muy adversas: caídas de las tasas de crecimiento y aumento del desempleo. Muchos Gobiernos han intervenido para evitar la quiebra de numerosas entidades inyectando fondos y garantizando no solo los depósitos, sino de facto también todos los pasivos exigibles. Aunque esto fue necesario para mantener la estabilidad financiera, ha debilitado los incentivos que requiere el adecuado funcionamiento del mercado y ha comprometido seriamente el margen de maniobra fiscal de muchos Estados. Las pérdidas del sector financiero se han socializado, al menos temporalmente. Irlanda es un triste ejemplo.

Reconducir esta situación llevará tiempo, voluntad y sacrificios. No todos los países han sufrido los efectos por igual, ni todos están aplicando las mismas políticas para enfrentar los problemas. En general, la UE ha optado por ajustes fiscales y reformas estructurales, manteniendo ayudas a los desempleados. Lo está haciendo con el apoyo de políticas monetarias excepcionales y bajo una presión, a veces desmedida, por parte de los propios mercados financieros que fueron rescatados.

España está enfrentando una suerte de proceso de devaluación interna de precios y salarios, dado que al pertenecer a la zona euro la devaluación de la moneda no es una opción. Hay que matizar a quienes afirman que el problema es el exceso de deuda pública: España tenía superávit antes de empezar la crisis y contaba con un ratio de deuda pública sobre el PIB de los más bajos de la UE en 2007. Nuestro problema era un nivel excesivo de endeudamiento de hogares y empresas, facilitado por el sector financiero. Todos tienen que reconducir sus balances hacia una situación más equilibrada.

Las Administraciones públicas se están aplicando en esta tarea. Dentro de los ajustes destaca la reducción de los salarios públicos. Se aprobó una reducción del 5% para obtener un ahorro de 4.500 millones de euros en dos años. El sector privado no financiero también ha puesto mucho. Cierres de empresas y dos millones de desempleados desde que empezó la crisis. Miles de empresas han negociado ajustes salariales.

¿Y qué ajustes ha afrontado el sector financiero? Los accionistas han perdido mucho dinero. Los tenedores de deuda, bastante. Pero quienes trabajan en el sector financiero, especialmente los más "cualificados", no parece que se hayan visto muy afectados. Para ilustrarlo, un dato: según los datos del INE al cierre del tercer trimestre, en el conjunto de los sectores de la economía el coste por hora trabajada disminuye un 2%, en el de actividades financieras y de seguros sube un 1,7%.

¿Es razonable que en una institución financiera, en proceso de saneamiento por sus errores, se negocie entre la dirección y los sindicatos ajustar el empleo mediante prejubilaciones a partir de los 53 años, mientras solicita 4.000 millones de euros en ayudas públicas a través del FROB? ¿Es sensato que entidades financieras que cuentan con ayudas públicas repartan bonos entre sus directivos? ¿Cómo es posible que desde el sector financiero se receten ajustes salariales al resto de la economía sin recomendárselos a sí mismo? ¿Cuánto vale la garantía otorgada por el sector público -es decir, el conjunto de contribuyentes- a bancos y cajas sobre sus depósitos, que son la parte fundamental de su financiación?

Los ciudadanos, que son clientes del sistema financiero y contribuyentes del Estado, ven todo esto entre sentimientos de incredulidad e indignación. Eso no ayuda a aumentar la confianza. La mayoría de los españoles entiende razonablemente lo que ha sucedido en estos años y están dispuestos a aceptar sacrificios para reconducir la situación. Pero la sociedad necesita un rumbo claro en la estrategia de salida de la crisis y un reparto justo de las cargas. De lo contrario, la cohesión social puede debilitarse.

Aún no hay acuerdo internacional sobre las políticas de remuneración del sector financiero, ni sobre medidas fiscales ad hoc. No sabemos si llegarán a cristalizar o si se optará por soluciones nacionales o regionales. Pero entretanto se pueden, y se deben, hacer cosas.

Si, por ejemplo, en España se acordara una reducción del 5% de los salarios del sector financiero se conseguirían varios efectos positivos, siempre y cuando los ahorros obtenidos no se destinaran a beneficios. En primer lugar, esto ayudaría a sanear el sistema financiero, devolviendo ayudas públicas, fortaleciendo los sistemas de garantías de depósitos y reduciendo el recurso al endeudamiento exterior. Segundo, tendría un efecto positivo sobre los mercados y sobre la imagen de nuestro país. Y en tercer lugar, mejoraría la confianza de hogares y empresas en la economía, no solo por lo anteriormente mencionado, sino porque además sería percibido como una decisión razonable y eficiente.

Muchos pensarán que esto es un cuento de Navidad. Una propuesta de este tipo tiene dificultades para aplicarse, pero no son insalvables. El ajuste no tendría por qué ser lineal, ni entre todas las entidades financieras ni entre todos los niveles salariales. Si la iniciativa surgiera del propio sector sería más fácil de aplicar. Si no, el Estado podría "ayudar" a tomar la decisión.

Realinear los intereses de quienes trabajan en el sector financiero con aquellos que les financian -depositantes, bonistas y accionistas- incluyendo al prestamista de última instancia -el Estado-, no resolverá todos los problemas de la industria financiera. Pero es el mejor camino para enderezar las cosas. Hay que abandonar la idea de que los accionistas se encargarán de hacerlo. No lo han hecho y no lo harán. En el caso de las instituciones financieras hay un claro interés público en minimizar las posibilidades de colapso del sistema financiero. Una parte vital de la solución es hacer a los responsables partícipes de los costes de un eventual fallo del negocio que está bajo su control.

Al leer este artículo, muchas personas del sector financiero dirán lo mismo que repetía Mr. Scrooge, el famoso personaje de Un cuento de Navidad, de Dickens: "¡Bah, paparruchas!". Se equivocan, como se equivocaba Mr. Scrooge. Confiemos en que políticos, sindicatos, creadores de opinión y académicos tampoco se apunten a la famosa frase, apagando el debate. La lógica económica de muchas decisiones no es necesariamente distinta de la lógica social, y menos aún en este asunto.

Som Nadal i un conte us explico

Maruja Torres sempre tan punyet, fa un retrat molt explícit de Esteban González Pons, pertorbador i sinistre portaveu del Partido Popular, que aprofita totes les circumstàncies: polítiques, humanes i mediateques per a beneficiar a la dreta espanyola. Sigui quin sigui el moment i l’oportunitat.

Doncs jo també, estem en plenes festes de Nadal i un conte us haig d’explicar i aquest de la Maruja Torres és prou vàlid.        

PPesadilla navideña

MARUJA TORRES - EL PAÍS Semanal - 26/12/2010

“El antiguo portavoz se vanagloriaba de no tener que meterse ya con la oposición”

Acabo de padecer un sueño terrible del que quiero hacerles partícipe. Empecemos por la exposición general del tema.

Alarido de primer orden. Acabo de soñar que Esteban González Pons (en adelante, EGP) era nombrado titular de un nuevo pero viejo ministerio, el de Propaganda (en tiempos más fragorosos, conocido como de Información y Turismo), en un nuevo pero viejo gobierno del Partido Popular, elegido por mayoría prácticamente absoluta por la minoría de votantes que acudieron a las urnas después de una campaña electoral guarra orquestada por el propio EGP.

Pero lo primero que vi, en mi inconsciente estado, la noche funesta de mi mal –tengan en cuenta que ocurrió hace dos semanas–, fue que Enrique Morente acababa de morir de forma inesperada tras una operación de estómago. Esta parte del sueño era tan sólo una transustanciación de género, ya que me había dormido escuchando la triste noticia por la radio. De modo que al despertar me cabreó que fuera cierto. Volví a dormirme, y fue entonces cuando:

Vi al caballero EGP, vestido tal cual sale en una de las fotos que aparecen en su pinochista blog (de nariz de Pinocho, no de Pinochet; ejem), es decir, de guaperas con barba y camisa abierta, haciendo declaraciones en las que culpaba al PSOE, y concretamente al Gobierno de Zapatero, de haberse cargado al genio flamenco granadino. “Han matado a Morente para tapar la Operación Galgo contra el atletismo, que a su vez habían organizado para cubrir lo de los controladores”.

Pero esto era sólo un entremés de la hecatombe onírica.

El plato fuerte consistía en sufrir que este hombre se convirtiera en personaje básico del nuevo régimen, a la manera govalesiana (palabra que me invento y que no viene de Goebbels, Dios me libre, sino de gova, que quiere decir cueva o caverna, según el diccionario Casares de sinónimos).

Fue un mal sueño espeluznante, sobre todo considerando que no parecía producido ni dirigido por Tim Burton, sino más bien por una mezcla cutre que parecía el fruto del cruce entre un embajador de Estados Unidos en horas bajas y un valenciano cabal, pongamos tipo Camps, vestido de impecable pisaverde.

No era una pesadilla gótica, ni románica, ni por supuesto –faltaría más– renacentista, sino una especie de Regreso al rancho de Bush Jr., en la que se reproducían de forma redundante los hechos morales y estéticos de principios de este milenio, sólo que amplificados para nosotros –y en exclusiva, esto es lo peor– por un machote EGP al que jaleaban sus contemporáneos.

Y fue este capítulo, el de los contemporáneos, el que completó el horror de mi sueño o, mejor dicho, el que formaba su auténtico núcleo duro. Pues no existían ciudadanos opuestos a las verdades oficiales. Toda voz disidente había sido acallada, tanto en los medios de información –ni siquiera Belén Esteban podía opinar ya libremente, ¿me entiendes?– como en los bares, restaurantes, cafés y tabernas. Las empresas de comunicación, que previamente habían sido aguadas o domesticadas por la crisis, fueron destruidas con un simple encogimiento de hombreras. Hasta las preguntas a las que los políticos solían responder con un “me alegro de que me haga usted esa pregunta” habían desaparecido de la tele y de la radio, y los 59 segundos de respuestas habían quedado reducidos a cero egepero. El antiguo portavoz y ahora ministro se vanagloriaba, en su actual etapa, de no tener que meterse ya con la oposición, pues había sido silenciada y ya no hacía más la puñeta, con lo cual él podía dedicarse a la que siempre había sido su vocación secreta: la desinformación pura y dura, centrada en la venta al público de los supuestos logros del nuevo pero viejo Gobierno.

En mi apocalipsis de sábanas también se habían tomado medidas contra los hospicios, casas cuna y maternidades en donde los bebés que nacían con inclinaciones periodísticas eran sometidos a una férrea reeducación de origen maoísta (de Mao, ahora sí) que les enviaba al campo a cultivar garrafones para las paellas. Si algún niño se saltaba el férreo control y llegaba, aunque sin publicar, a escribir libros, se le enviaba a granjas de adiestramiento en las que aprendían a clonar crestas para pollos.

El pueblo sufría en silencio cuando por fin desperté entre los consabidos sudores helados.

http://www.marujatorres.com/ 

Mas president amb el suport actiu del PSC

Artur Mas ha estat investit president de la Generalitat per majoria simple, amb els únics vots dels diputats de CiU, però amb la decisiva abstenció del PSC. Tots els altres grups hi van votar en contra. La sessió d'investidura ha estat un exercici de responsabilitat. En primer lloc, per part del candidat de CiU, que en tots els seus discursos ha mostrat un tarannà dialogant i negociador, allunyat de la prepotència d'altres èpoques. És veritat, com ha estat repetint Mas, que els set anys de travessia del desert han deixat empremta, i una empremta positiva, que es va reflectir perfectament en el to del ja president electe.

Però responsabilitat també per part del PSC, que han sabut passar de la decepció i la derrota a la col·laboració amb el guanyador mitjançant un pacte que, encara que només sigui per a la investidura, com es va encarregar de subratllar el seu portaveu, prefigura una cooperació futura en els grans temes que preocupen els ciutadans.

Quatre més que interessants articles sobre el tema:

Mas mana amb aire de 'sociovergència'

Joan Tapia, periodista - EL PERIÓDICO - 24 de desembre del 2010

Abans de les eleccions vaig dir que si Artur Mas quedava a tres escons de la majoria absoluta (68 diputats), governaria amb comoditat. Si es quedava en 58 (enquesta del CIS), requeriria un pacte estable. Ahir va sortir elegit amb els seus 62 diputats, l'abstenció socialista (28 diputats) i 45 vots en contra, des del PP fins a Joan Laporta.

A Mas li falten sis diputats per tenir la majoria, però ha aconseguit una bona investidura. Primer, perquè amb 62 diputats ningú qüestiona el seu dret a governar. Segon, perquè tant en el seu discurs com en les diferents rèpliques va mostrar voluntat i ofici. Tercer, perquè el resultat -fruit del pacte d'investidura (ni de legislatura ni programàtic) amb el PSC- era el millor que li podia passar. A canvi de l'abstenció socialista, accepta compromisos per intentar arribar a acords substancials, però sense hipoteques. Surt elegit des de la sociovergència light, el centre polític i el catalanisme ampli. I evita quedar marcat per la dreta espanyolista, cosa que hauria disgustat molts electors, o per l'independentisme, cosa que podia alarmar part dels seus votants.

Mas arriba a la presidència al capdavant d'una nova CiU -que ja no és la de Jordi Pujol- i des de la centralitat política. I té les mans lliures per arribar a pactes puntuals. Amb el PSC en molts assumptes. Amb el PP en alguna matèria econòmica i impositiva. I amb ERC per a les polítiques més identitàries. Les dificultats li vindran ara més de la complexitat de la crisi, i del risc de voler obrir una «transició catalana sense cap límit però amb amplis consensos que comença amb el pacte fiscal», que de l'estricta aritmètica parlamentària.

I el PSC també hi guanya. Passa de ser el gran derrotat, principal culpable d'un tripartit desacreditat, a ser un partit que afavoreix la governabilitat de Catalunya. I, més important, d'alguna manera acota el camp de joc. Mas té les mans lliures per governar amb geometria variable, ma non troppo. Si s'allunya molt del terreny central -cap al PP o cap a ERC- pagarà el preu de contrariar el pacte de centralitat.

Sembla, doncs, que per voluntat pròpia, i forçat per les circumstàncies, Artur Mas governarà des del centre polític i des del catalanisme no excloent. És potser el millor que pot passar en un moment de greu crisi econòmica i de difícil relació amb Espanya. Mas ha superat amb èxit el primer acte, la victòria electoral, i també el segon, la investidura. Ara arriba el tercer, la formació d'un equip que generi prou confiança i que governi buscant més l'eficàcia que la inclinació ideològica o partidària.

Catalunya acaba d'obrir una nova etapa, la de la segona alternança, que ja no pot ser una pel·lícula de bons i dolents. Com va afirmar ahir Mas, «ara convé la legislatura de la serenor».

La transició cap a la sensatesa

Joaquim Coll, historiador - EL PERIÓDICO - 24 de desembre del 2010

L'acord firmat entre CiU i el PSC ha permès a Artur Mas una cosa essencial: salvar la seva investidura en la segona volta, encara que només sigui per majoria simple. Però el més interessant és que el pacte ha marcat els límits del vaporós camp de joc que va dissenyar Mas en el seu discurs d'investidura, particularment pel que fa a la proposta d'emprendre una «transició nacional». És cert que CiU tenia a mà altres opcions: el PP estava disposat a abstenir-se en solitari, sense firmar res, només a canvi d'aparèixer com a soci preferent, alimentant d'aquesta manera l'escenari d'un futur pacte en la política espanyola. Però per a Mas això hauria estat un mal començament. Amb tot, l'acord amb el PSC ha sorprès la resta de forces polítiques i no pocs analistes.

D'entrada, perquè aquest no era l'escenari que volia CiU, que buscava la investidura de Mas amb l'abstenció conjunta del PSC, el PP i ERC, sense haver de pagar cap preu a ningú. El discurs d'investidura va ser construït hàbilment per assolir aquest joc a tres bandes. El món convergent acariciava aquesta possibilitat. No en va, des de les tribunes de la premsa conservadora molts han insistit al llarg d'aquests dies en aquest desig, gairebé exigint-lo: l'oposició s'havia d'abstenir imperativament, i fins i tot hi havia de votar a favor, només per sentit de responsabilitat. Senzillament, perquè el país ho demanava. Fa nou mesos, CiU no va voler firmar un gran acord contra la crisi, i llavors cap d'aquests que ara tant han apel·lat a la responsabilitat l'hi va retreure. ¿Per què a Catalunya sempre hi ha dues vares de mesurar? Si s'hagués produït aquell escenari, el socialisme català no només hauria aparegut feble i escapçat, sinó també en fase de domesticació. Sens dubte, el mèrit d'aquesta resurrecció in extremis del PSC es deu a la professionalitat política de Joaquim Nadal.

L'acord és útil tant per a CiU com per al PSC. Als nacionalistes els permet argumentar que ells no pretenen fer taula rasa amb el passat sinó que són capaços d'integrar tot el que ha tingut de positiu l'experiència tripartida, si més no respecte a l'àmbit legislatiu. És la millor manera que tenen els convergents per acabar de girar full sense crear anticossos. Tot i amb això, el principal beneficiari de l'acord a llarg termini podria arribar a ser el PSC si actua amb intel·ligència. Perquè, a més a més del paper institucional que es reserva en la vigilància dels grans temes (finances locals, mitjans de comunicació, traspassos, revisió de pactes nacionals, etcètera), pot aparèixer com la garantia que CiU no emprendrà cap aventura sobiranista. El PSC, doncs, com a garantia que l'única transició que s'efectuarà a Catalunya és una tornada, un retorn, a la sensatesa.

En tiempos de tribulación, no hacer el ganso

Antoni Puigverd - LA VANGUARDIA - 24/12/2010

Se acabó la política politizada, se acabó el ensimismamiento partidista y las peleas de gallos

En tiempos de alegría y vacas gordas, se da por supuesto que la obligación de los partidos derrotados es negar el pan y la sal al único miembro del parlamento que está en condiciones de acceder a la presidencia. No estamos en tiempos de normalidad, sino de tribulación. Sin embargo, la cabeza de Joaquim Nadal parecía estar todavía en la otra época. La noche del día de las elecciones, la bolsa de votos socialista aparecía agujereada y vacía, pero el portavoz del PSC sentaba días después sus reales en el Parlament con aires de boxeador. Si el PSC expresara ahora resentimiento y revanchismo podría ser calificado de insensato y visceral, pero actuaría de manera humanamente explicable: ¡su equipo ha bajado a segunda división y ahora encabeza el pelotón de los medianos! Pero Nadal no reclamaba revancha en su primer discurso. Apareció en el hemiciclo como si nada especialmente significativo se hubiera producido en los últimos tiempos. Se mostró afectado por el síndrome de Mick Jagger: sobreactuando, a pesar de los muchos años que lleva en primera fila, como un joven inexperto necesitado de focos y atención. Exhibiendo músculo retórico como si quisiera dar la impresión de que la crisis del socialismo catalán no es de fondo, ni tan siquiera de estructura, sino mera consecuencia de un liderazgo como el de Montilla, asténico, sin vigor.

“Yo sí tengo lo que hay que tener” parecía estar diciendo un excitado Nadal el lunes pasado, mientras que Artur Mas se armaba de paciencia, enterraba cualquier tentación de prepotencia, insistía una y otra vez en su pose franciscana, enfatizaba que el interés del país exige el gobierno de los mejores y defendía la herencia de Tarradellas, Pujol, Maragall y Montilla.

No importa si Mas se ha mostrado franciscano por necesidad o por convicción. No importa si se aleja por convicción o por necesidad del partidismo y el ensimismiento de la política politizada que ha caracterizado la última década catalana. El hecho es que el resultado de las elecciones ha impuesto para los próximos cuatro años dos reglas irrefutables, a saber: la victoria clara de CiU, sumada al hundimiento del PSC, no deja más alternativa que la presidencia de Artur Mas, aunque obliga a este a un ejercicio constante de humildad y búsqueda constante de consenso y acuerdo. La turbación del momento

histórico (el huracán de la crisis económica, sumada a la severísima corriente reuniformadora del Estado) exige un severo cambio de registro.

Se acabó la política politizada. Se acabó el ensimismamiento partidista y las peleas de gallos. Se acabó la competición por el purismo nacional. Empieza la concertación.

Ante la excepcionalidad, ¿consenso?

Joan Subirats, director del Instituto de Políticas Públicas de la UAB - EL PAÍS - 26/12/2010

El acuerdo estratégico entre CiU y el PSC recuerda la gran coalición que gobernó en Alemania a principios de este siglo

Estrenamos Ejecutivo en Cataluña, y lo hacemos en momentos muy complicados para ejercer la función de gobernar. Lo más fácil es que, haga uno lo que haga, impelido por circunstancias y dinámicas que no controla, acabe decepcionando y viendo erosionada su legitimidad. En este contexto, podemos encuadrar tanto la frase de Artur Mas aludiendo a que no venía en plan “salvador”, sino como “servidor”, como el acuerdo entre CiU y el PSC que ha permitido la investidura. El líder convergente tenía otras opciones que no eran disparatadas, como era apoyarse en la abstención del PP o de ERC, con contrapartidas específicas. El acuerdo con el PSC, dígase lo que se diga, tiene otra lógica. Señala la interdependencia de los dos grandes partidos en momentos en que deberán tomarse decisiones complejas y cuando se avecinan elecciones locales y generales. No es coyuntural, ya que anticipa y concreta los temas centrales en los que el consenso deberá darse. Y apunta a complicidades no explicitadas con las grandes corporaciones e instituciones económicas del país. Las perspectivas para los socialistas en los próximos procesos electorales no son muy halagüeñas. Y solo una mejora en las relaciones con los partidos nacionalistas en Cataluña, el País Vasco, Galicia y Canarias puede suponer alguna esperanza.

En el otro lado, el Partido Popular quiere aprovechar la coyuntura para avanzar en la llamada “racionalización” del sistema autonómico, desde lógicas de aparente y estricta viabilidad económica y, por tanto, supuestamente desprovistas de carga política. Véase al respecto el informe de la FAES Por un Estado autonómico racional y viable (www.fundacionfaes.es). En su primer capítulo, el que fuera secretario de Estado para la Administración Pública, Julio Gómez Pomar, afirma que “a diferencia de la organización municipal, que hunde sus raíces en la época de la dominación romana

(…), la organización territorial autonómica y su marco competencial son muy recientes y su fundamento responde exclusivamente a un planteamiento político”, y concluye diciendo: “Muchos de los problemas que se ponen de manifiesto en nuestro modelo de organización territorial (…) son fruto de una pérdida de poder del Gobierno central para actuar como agente disciplinador del comportamiento financiero de las CC AA y (…) para imponer una coordinación en la implementación de determinadas políticas de gasto”. En otro capítulo, el diputado Gabriel Elorriaga, después de elogiar la decisión griega de suprimir todos los municipios de menos de 10.000 habitantes y de sugerir la agrupación de CC AA para ganar en escala, concluye afirmando: “Tenemos que seguir buscando una estructura nacional que ofrezca espacio suficiente a las aspiraciones de singularidad sin quiebra de la unidad, que permita la diferencia al tiempo que proscribe el privilegio”. La sentencia del TC y las recientes del Tribunal Supremo apuntan a que esa disciplinarización y coordinación tenderá a reconducir el autogobierno a la gestión de la singularidad.

La acumulación de cambios y la situación de crisis incrementan esa tendencia recentralizadora y conservadora. Lo que no acaba de quedar claro es que la única respuesta posible a esa deriva sea la de acomodarse y tratar de capear el temporal. El acuerdo estratégico entre CiU y el PSC, los dos partidos más alejados en términos de clase, recuerda la gran coalición que gobernó en Alemania a principios de este siglo, que se argumentó asimismo como la única vía posible para afrontar la excepcionalidad de la coyuntura. Las consecuencias han sido muy negativas para los socialdemócratas, que han visto como se difuminaba su perfil, y ha reforzado tanto a los conservadores como a otras fuerzas políticas que apuntan a respuestas realmente alternativas. Frente a la excepcionalidad, la única solución no es el consenso para mantener lo que se pueda, sino que convendría explorar nuevas vías, ser muy consciente de los terribles efectos que todo ello tiene sobre los más vulnerables y evitar que solo predomine la lógica de la seguridad de los más fuertes, deseosos de preservar sus privilegios.

 

Sis articles d’economia per estar una mica més al dia

Vénen les festes de Nadal i d’any nou i una petita parada en ressenyar articles d'economia sí que faré, per això avui en deixo sis d’importants.

L'economia al món occidental i en alguns casos més concrets a Espanya, té una visió global, però també convé apuntar el caràcter ideològic de la mateixa economia i assenyalar als seus actors principals i que fan aquests en les institucions. Per això la informació i l'opinió són necessàries per estar al dia, a pesar que de vegades es bastant difícil.

El baile de los vampiros

Retrasar la edad de jubilación y debilitar la negociación colectiva no va a frenar la histeria especulativa. Como no la frenó la reforma laboral. Estas ofrendas solo son recortes de derechos en beneficio de unos cuantos

CÁNDIDO MÉNDEZ secretario general de UGT - EL PAÍS - 14/12/2010

El gobernador del Banco de España es el mismo que hablaba de la salud del sistema financiero

Algunos de los “100 expertos” ponían en abril a Irlanda como modelo de credibilidad

Hace algunos meses me preguntaron en una entrevista que hice para una prestigiosa revista de música si había visto Crepúsculo; contesté que prefería El baile de los vampiros, de Polanski. Vampiros clásicos de edad vetusta, que se dan un espléndido festín de sangre y humor espeluznante.

Ahora, con el agravamiento de la situación de la Unión Europea, con el batacazo de Irlanda y los renovados ataques a la deuda soberana, he vuelto a recordar el argumento de esa película: un chiflado profesor intenta acabar con la epidemia de vampiros. Consigue justo lo contrario, extender el mal. Las imágenes finales de la malograda Sharon Tate expresan ese descalabro.

En la Unión Europea está sucediendo algo similar. Las imposiciones en materia de déficit y la indecisión ante los cada vez más intensos ataques contra el euro, no solo no frenan la epidemia, sino que están contribuyendo a propagarla.

Las declaraciones de la canciller Merkel sugiriendo que los inversores, y no solo los ciudadanos, afrontasen las consecuencias de sus decisiones de inversión son un ejemplo de ello. Parece justo y racional, pero en tiempo y forma ha tenido un efecto perverso.

La prensa europea ha conformado una opinión bastante coincidente: se ha jugado con fuego. Se ha alimentado el pánico. Un diario financiero lo reflejaba así: "Hay bastantes posibilidades en la vida real de que la eurozona quede exterminada precisamente por su propuesta para que funcione mejor".

En nuestro país, el comisario de la Competencia hizo una desafortunada declaración ante la pregunta de si España tenía algo más. Nada comparable, si no fuera por la repercusión de sus palabras y sus silencios, con las declaraciones que un día sí y otro también están haciendo los responsables del PP. Sus políticas incubaron y propagaron la enfermedad. Ahora se están comportando como un agente patógeno. La caída del Gobierno conservador irlandés aumenta su impaciencia.

Indecisiones y precipitaciones que, unidas a los acuerdos de la Comisión y del Ecofin en materia de contención del déficit, están agravando la difícil situación que vive la Unión, retrasando la recuperación, aumentando el paro y los sacrificios de ciudadanos y trabajadores. Contra esas medidas, la Confederación Europea de Sindicatos se manifestará en toda la Unión el próximo 15 de diciembre y en nuestro país lo haremos además el 18 de diciembre.

El nuevo ataque especulativo contra España coincidía con la publicación del déficit del Estado, que en el periodo enero-diciembre se había reducido un 43%, el 2,96% del PIB. Reducción que está en la senda de cumplimiento de las exigencias de la Comisión Europea. ¿Entonces por qué se intensifican los ataques?

Hay un amplio consenso en que la crisis desatada en 2008 ha acelerado los desequilibrios que provoca tener una moneda única y una disparidad de políticas fiscales y económicas. Que lo que está sucediendo en la Unión Europea es una crisis también de gobernanza. Que los mercados están poniendo a prueba la solidez política de la eurozona. Que la desconfianza hacia nuestro país no es por la deuda del Estado, pero sí por la deuda del sector privado. El aserto de que una deuda bancaria es potencialmente una deuda soberana es compartido.

El profesor Ontiveros empleó recientemente una expresión que me parece muy oportuna, habló de "inventario de ofrendas que España ha hecho a los mercados de bonos" -con el propósito de que se aplaquen, añado yo-. El término ofrenda es muy adecuado porque desvela el sentido casi religioso que se le otorga a las llamadas "reformas estructurales". Las reformas, nosotros no discutimos la conveniencia de algunas, se han convertido en algo irracionalmente urgente.

Pero si alguien afirma que, con la reforma de las pensiones y de la negociación colectiva o con la impuesta reforma laboral se va a conseguir frenar la histeria especulativa se está y nos está engañando. Ya hay importantes fondos de inversión que consideran que ni siquiera las reformas estructurales podrían calmar a los mercados. Estamos asistiendo a una agonía que se puede llevar por delante años de lucha por la igualdad. Se está erosionando la credibilidad de las instituciones democráticas nacionales y europeas.

En España nos urgen a entregar las "ofrendas" comprometidas. Dos son inexcusables: aumentar la edad de jubilación a 67 años y limitar la eficacia de los convenios colectivos. El Gobierno, sin excepción alguna, repite que lo hará "pese a quien pese", aunque sea a costa de inmolarse.

Pero ¿quiénes son los brujos que interpretan a los "mercados"? Uno es el gobernador del Banco de España, el mismo que en diciembre de 2007 afirmaba que "los fundamentos del sistema financiero global siguen siendo sólidos y los balances bancarios están saneados". Otros, los 100 expertos de la reforma laboral. Alguno de ellos proclamaba el pasado mes de abril su "envidia sana de Irlanda" alabándola porque "el mercado ha considerado los planes presupuestarios irlandeses creíbles, y esto ha (sic) reducido su prima de riesgo... Los que hayan hecho sus deberes, como Irlanda, respirarán tranquilos...". Profético.

Recientemente, una reputada periodista de este diario escribía: "Visto con un poco de perspectiva, debería asombrarnos, por ejemplo, la capacidad que ha tenido el Banco de España para distraernos todo el tiempo de la realidad... Y mientras hablaba de todo eso, que no forma parte de sus competencias, callaba sobre lo que sí hubiera sido su responsabilidad y su obligación: impedir el explosivo endeudamiento privado que fomentan los bancos y entidades de crédito". No puedo estar más de acuerdo con ella; nos hemos hartado de denunciar públicamente ese comportamiento.

El antropólogo Marvin Harris sugiere que las ofrendas de sangre que ritualizaron los aztecas, en las que se practicaba el canibalismo, tenían otra función: compensar el déficit de proteína de origen animal.

El sistema de pensiones es un punto fuerte de nuestra economía, su Fondo de Reserva equivale al 6% del PIB. Un reciente informe de la UE constataba que "dado que el sistema español de pensiones es fundamentalmente público y el peso del seguro privado es muy limitado, la crisis financiera no ha tenido ningún efecto directo en actuales o futuros pensionistas". Así es, los fondos privados representan alrededor del 8% del PIB (y un 3% adicional que viene de la externalización de pensiones profesionales), lo que está por debajo de la media de la OCDE, situada en un 60%.

¿Estarán buscando con las dudas sobre su viabilidad futura aportar proteínas a esos mercados que nos piden ofrendas?

Los sacerdotes del miedo sustentan sus previsiones en proyecciones a 2030 y establecen un punto crítico en 2060. Imaginemos la solidez de una proyección para España, de cualquier variable, hecha para el periodo 1939-1989. Este sí es un dato verificable: el gasto en pensiones contributivas en 1985 fue el 7,5% del PIB, en 2008 el 7,8%.

El profesor Julio Pérez Díaz, en un interesante trabajo, reproduce esta frase: "El porvenir sacrificado al pasado: el aplastante peso de las pensiones de jubilación". Frase que se encuentra en un artículo publicado ¡en 1930! Compartimos su reflexión de que "algo no debe funcionar bien en nuestra manera de ver las consecuencias de la evolución demográfica, cuando casi un siglo después estamos repitiendo las mismas cosas".

La sociedad española y el Gobierno saben que UGT está dispuesta a arrimar el hombro. Queremos que la reforma laboral revierta sus aspectos más negativos; que nuestro sistema de pensiones siga siendo el más sólido de Europa avanzando en derechos, no recortándolos. Queremos que los convenios colectivos sirvan para mejorar la competitividad y también las condiciones de trabajo. Buscando el consenso, como siempre lo hemos hecho.

La plutocracia es la preponderancia de los ricos en el Gobierno del Estado. Cuando el 40% del PIB reunido con el presidente del Gobierno le pide (¿o le conmina?) a que se mantenga firme en el recorte de derechos, algo va mal. Debemos evitar que esta crisis afecte a algo más que al empleo y a nuestra economía.

Els 426 euros

Josep Oliver Alonso catedràtic d’Universitat - EL PERIÓDICO - 16 de desembre del 2010    

Davant el rigorós ajust, la supressió del subsidi no ajudarà a teixir un pacte que redistribueixi els costos

Espanya ha emergit de la recessió amb un impacte sobre el seu mercat de treball molt més sever que l'experimentat per altres països europeus. Els 4,6 milions d'aturats així ho certifiquen. Per això, no és gens estrany que la supressió, per part del Govern de Zapatero, de la prestació de 426 euros a alguns dels aturats que han esgotat el subsidi d'atur hagi revifat el debat sobre la vulnerabilitat de les llars espanyoles en l'actual conjuntura. ¿Fins a quin punt es troben en una situació diferent de la viscuda en altres crisis anteriors? Les elevades taxes d'estalvi existents, molt per damunt de les dels anys previs a la recessió, ¿indiquen una vulnerabilitat familiar més gran? O, per contra, ¿reflecteixen la incertesa sobre el futur? Sense ànim d'oferir una visió distorsionada de la duresa de la situació actual, em sembla que és necessari avaluar tant l'exposició de les famílies espanyoles al deteriorament del mercat de treball com l'impacte de la supressió de la prestació de mínims.

Per això, convindria exposar primer de tot algunes dades que sovint s'obliden. En primer lloc, Espanya comptava amb prop d'1,8 milions de desocupats abans de l'esclat de la crisi (gairebé el 8% de la població en edat de treballar). La crisi n'ha afegit 2,7 milions, una xifra molt elevada, però notablement inferior als 4,5 milions existents avui en dia. A part del total de nous desocupats, se n'ha de separar els prop de 700.000 que no són al mercat de treball al final de l'expansió, que s'hi van incorporar el 2008 i que, per tant, no han trobat feina.

L'autèntic impacte de la crisi són, doncs, els dos milions de llocs de treball destruïts, una xifra equivalent al voltant del 10% dels ocupats a finals del 2007. ¿Com s'ha d'ubicar aquesta caiguda? Les experiències de crisis anteriors suggereixen que l'ajust laboral que hem experimentat en aquesta recessió ha estat molt intens i molt ràpid. I que les caigudes de l'ocupació, si es manté en els nivells actuals, sembla que se situaran en valors similars als observats entre el 1978 i el 1985 i per sobre de l'ajust del 1992-94. Així, en la crisi energètica de la primera meitat dels anys 80, es van perdre prop d'1,2 milions de llocs de treball (al voltant del 10%). I en la dels primers 90, vam passar de 13 milions d'ocupats el 1991 als 12 milions del 1994 (un retrocés de gairebé el 8%).

La situació actual, per tant, no és excepcional. A més a més, tot i ser cert que hem destruït uns dos milions de llocs de treball, no ho és menys que partíem d'un nivell d'ocupació mai assolit, pròxim als 20 milions. La variable realment rellevant és el nombre d'ocupats per llar, i en aquesta ràtio, malgrat la crisi, hem millorat. Així, mentre que el 1995, al sortir de la recessió anterior, teníem 12 milions d'empleats i 12 milions de famílies, avui aquella ràtio ha millorat, tant perquè hi ha més ocupats que llars (més de 18 milions d'empleats per 17 milions de famílies), com perquè la mida mitjana d'aquestes és menor. Per tant, les nostres famílies tenen més capacitat d'aguant.

Aquesta resistència més gran es contraposa amb la vulnerabilitat més forta d'un col·lectiu en atur que veu com se li extingeixen les prestacions. I que mostra una preocupant tendència a la cronificació: una part creixent dels aturats han passat en aquesta situació entre sis mesos i un any (gairebé el 20%) i, especialment, entre un i dos anys (un altre 30%). En aquest context, no sembla gaire adequada la supressió de la prestació dels 426 euros a un col·lectiu que, per si mateix, ja s'havia reduït a l'exigir-se-li determinades condicions per a la seva percepció. Per una altra part, la tesi que està compresa en aquesta supressió, malgrat que permet reduir una mica la despesa pública, no sembla que es compleixi en l'Espanya actual: el problema de la desocupació no és avui, en l'aspecte fonamental, el resultat de la falta de voluntat dels aturats per trobar feina, sinó d'un augment net d'ocupació pràcticament nul. Per agreujar la situació, cal recordar, com assenyalava fa uns dies el Banc d'Espanya, que una part no menor dels aturats, al voltant del 40%, es troben en cases on no hi ha cap actiu ocupat.

Unes famílies una mica més resistents a la crisi, amb més feina per casa que en anteriors recessions, i en cases de menors dimensions, i una cronificació de l'atur defineixen una de les dualitats més dures del mercat laboral espanyol. Aquesta dualitat ha de permetre no deixar-nos portar excessivament pel pessimisme, i recordar que situacions com aquestes ja les hem superat en el passat, malgrat que necessitarem un cert nombre d'anys. Però també cal destacar que el problema de l'atur estructural no desapareixerà amb la supressió d'aquesta ajuda de subsistència.

Aquesta mesura va en contra del pacte que el país ha de vertebrar per abordar els pròxims anys. Donats els durs ajustos que estem patint, i els que sens dubte haurem d'abordar en el futur, sembla desitjable forjar un ampli acord que distribueixi els costos. La supressió dels 426 euros no sembla que hagi d'ajudar a teixir-lo. És un error que hauríem de corregir.

La tapadera de Wall Street

PAUL KRUGMAN profesor de Economía y premio Nobel de Economía 2008 - EL PAÍS - 19/12/2010

El Partido Republicano absuelve a los bancos y echa toda la culpa a los políticos entrometidos

Cuando se produjo la crisis financiera, muchas personas -yo incluido- la consideramos una ocasión de la que podíamos aprender. Sobre todo, esperábamos que la crisis recordase a todo el mundo por qué los bancos tienen que estar eficazmente regulados. Qué ingenuos fuimos. Deberíamos habernos dado cuenta de que el Partido Republicano actual está entregado en cuerpo y alma al eslogan reaganiano de que el Gobierno siempre es el problema, nunca la solución. Y, por tanto, deberíamos habernos dado cuenta de que, cuando los leales al partido se enfrentasen a hechos que no encajasen con el eslogan, modificarían los hechos. Eso me lleva a la fallida comisión para la crisis.

La Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera bipartidista se creó por ley para "analizar las causas, nacionales y mundiales de la actual crisis financiera y económica en EE UU". Se esperaba que fuese una versión moderna de la investigación Pécora de los años treinta, que documentó los abusos de Wall Street y contribuyó a allanar el camino para la reforma financiera. En su lugar, la comisión se ha dividido según las distintas tendencias partidistas y ha sido incapaz de ponerse de acuerdo siquiera sobre los puntos más básicos.

Y no es que la historia de la crisis sea especialmente difícil de entender. Primero, se produjo una burbuja inmobiliaria generalizada, en EE UU, en Irlanda, España y otros países. Esta burbuja se hinchó por culpa del crédito irresponsable, que fue posible gracias a la liberalización bancaria y por no haber extendido la regulación a los "bancos en la sombra", a los que no afectaban las normas tradicionales pero que, no obstante, estaban involucrados en actividades bancarias y generaban riesgos similares a los de los bancos.

Luego la burbuja estalló, con consecuencias tremendamente perjudiciales. Resultó que Wall Street había creado una red de interconexiones que nadie comprendía, de modo que la quiebra de Lehman Brothers, un banco de inversión de tamaño mediano, podía amenazar con hundir todo el sistema financiero mundial. Es una historia sencilla, pero una historia que los miembros republicanos de la comisión no quieren que se cuente. Literalmente.

La semana pasada, según informa Shahien Nasiripour de The Huffington Post, los cuatro republicanos de la comisión votaron a favor de excluir del informe las expresiones "liberalización", "banca en la sombra", "interconexión" y, sí, "Wall Street". Cuando los demócratas se negaron a secundar que se contase la historia de Hamlet sin el príncipe, los republicanos siguieron adelante y emitieron su propio informe que, por supuesto, evitaba emplear cualquiera de las expresiones prohibidas.

Ese informe no tiene más que nueve páginas, con pocos hechos y apenas ninguna cifra. Cuenta una historia que ha sido amplia y repetidamente desacreditada (sin responder en absoluto a quienes la han desacreditado). En el mundo según los comisarios del Partido Republicano, todo es culpa de los ingenuos idealistas del Gobierno, quienes emplearon diversas artimañas -especialmente Fannie Mae y Freddie Mac, los organismos de garantía crediticia apadrinados por el Gobierno- para fomentar la concesión de préstamos a prestatarios con pocos ingresos. Wall Street, es decir, el sector privado, solo se equivocó en la medida en que lo embaucaron para que contribuyese a esta burbuja creada por el Gobierno. Resulta difícil exagerar lo desatinado de todo esto. Para empezar, como ya he señalado, la burbuja inmobiliaria fue internacional (y Fannie y Freddie no se dedicaban a garantizar hipotecas en Letonia). Tampoco garantizaban préstamos en el mercado inmobiliario comercial, que también experimentó una gran burbuja.

La sucesión de acontecimientos demuestra que a los agentes privados no les embaucaron para que contribuyesen a una burbuja creada por el Gobierno. Fue al contrario. Durante los años de mayor inflación inmobiliaria, Fannie y Freddie se vieron obligados a mantenerse al margen; solo se involucraron en préstamos dudosos al final, cuando intentaron recuperar cuota de mercado.

Pero los comisarios del Partido Republicano se limitan a hacer su trabajo, que consiste en defender la narrativa conservadora. Y una narrativa que absuelve a los bancos de haber hecho algo malo, que les echa toda la culpa a los políticos entrometidos, es especialmente importante ahora que los republicanos están a punto de controlar la Cámara. La semana pasada, Spencer Bachus, el presidente entrante republicano del Comité de Servicios Financieros, declaró a The Birmingham News que "en Washington opinan que los bancos deben estar regulados, pero mi opinión es que Washington y los reguladores están ahí para servir a los bancos". Después trató de desdecirse pero no cabe duda de que él y sus compañeros harán todo lo posible para impedir una regulación eficaz de los responsables de la pesadilla económica de los últimos años. Así que necesitan una historia que sirva de tapadera y que afirme que todo fue culpa del Gobierno.

Al final, quienes confiábamos en que la crisis brindase una ocasión para aprender estábamos en lo cierto, pero no en el sentido esperado. Lo que hemos aprendido es lo que pasa cuando una ideología respaldada por una enorme riqueza y un poder inmenso se enfrenta a hechos molestos. Y la respuesta es que los hechos pierden.

Europa al pie de los mercados

EMILIO ONTIVEROS - EL PAÍS -19/12/2010

Los mercados tienen a los Gobiernos de la eurozona pendientes de qué nuevas ofrendas les van a exigir

Desde su emergencia, en julio de 2007, el rápido contagio real y financiero fue uno de los rasgos que singularizó esta crisis. Europa es ahora el escenario donde la inestabilidad financiera es más intensa. Los peligros pudieron intuirse hace tiempo: en esta misma sección, el pasado 18 de abril (La eurozona amenazada) se advertía de esas amenazas. En su todavía activa metamorfosis, esta ya es una crisis europea, con déficit y deuda pública inferior a los de la economía donde se localizó el epicentro, puede sufrir las peores consecuencias, comprometiendo incluso sus realizaciones de las últimas décadas. Se trata de una crisis fundamentalmente política: de un sistema de gestión y decisión manifiestamente inadecuado para abordar la envergadura y complejidad de esas amenazas.

La vulnerabilidad a la que sigue sometida el euro no está justificada en los fundamentos que se supone orientan las decisiones de operadores racionales en mercados eficientes. Los ataques a la deuda soberana de la eurozona no se asientan en riesgos inmediatos de insolvencia.

Esta crisis, recordemos, nació ante las deficiencias en la trazabilidad y gestión del riesgo de crédito en un segmento concreto del mercado hipotecario estadounidense. Fue también en ese sistema financiero donde se revelaron anomalías y deficiencias técnicas en la gestión de los operadores financieros, no solo de los brókeres hipotecarios generadores de ese modelo de actividad crediticia consistente en "originar para distribuir". También fallaron de forma manifiesta los supervisores y las agencias de rating. La incertidumbre, la pérdida de confianza, facilitó ese amplio contagio inicial.

Más allá de la participación en una dinámica de integración financiera global, vehiculada a través de mercados de capitales cada vez más integrados y con operadores bancarios transfronterizos, los fundamentos de las economías de la eurozona no justificaban el contagio inmediato, mucho menos a través de los mercados de deuda pública. Los problemas suscitados por las falsedades en la contabilidad pública griega o los derivados de la excepcional y unilateral garantía del Gobierno irlandés a un sistema bancario manifiestamente dañado no son generalizables.

En realidad, la totalidad de los Gobiernos de la eurozona condicionaron la orientación de sus políticas a la reducción del déficit y de la deuda pública. A pesar de que la región exhibe el crecimiento más débil, la más elevada tasa de paro de la OCDE, sin expectativas de intensa recuperación a corto plazo, las políticas económicas han sacrificado cualquier sesgo compensatorio del desplome de la demanda agregada. Son orientaciones que siguen contrastando con las adoptadas por las autoridades estadounidenses, como lo hace el acceso a la financiación de las empresas a uno y otro lado del Atlántico y su impacto en la elevada tasa de mortalidad empresarial.

No parecen suficientes esos propósitos de asentamiento en la ortodoxia. Los mercados de deuda pública mantienen desde hace meses a los Gobiernos de la eurozona pendientes de que nuevas ofrendas puedan aplacar las tensiones manifestadas en las exigencias de mayores tasas de rentabilidad para los títulos emitidos ya no solo por aquellos Estados con anomalías manifiestas en la condición de las finanzas públicas.

La singularidad de esta crisis no deriva solo de ese efecto contagio que desde finales de los ochenta está presente en todas las crisis pertenecientes a la generación desreguladora y de intensa integración financiera, sino de la coexistencia con unos mercados distantes del ideal. Y es que, como han reconocido incluso las instituciones tradicionalmente más defensoras de la ortodoxia, los procesos de formación de precios en los mercados financieros hace tiempo que no se ajustan a las concepciones que están en la base de planteamientos que en el pasado ampararon iniciativas como las precipitadas desregulaciones o la autorregulación de determinadas actividades financieras. Las hipótesis de eficiencia que formuló Eugene Fama, las que atribuyen capacidad de procesamiento de información considerada relevante, han quedado tan seriamente cuestionadas en esta crisis como el propio comportamiento racional de los operadores en los mismos.

Y frente a mercados que no cumplen esa idealizada función de ajuste automático, que fallan, en definitiva, las autoridades han de intervenir. En este aspecto, el contraste vuelve a ser explícito: los fallos de mercado no son menos evidentes en la zona euro que en EE UU; sin embargo, el activismo de las autoridades es mucho menor aquí. Además, las consecuencias de la inacción, o directamente de la mala gestión de la crisis, pueden ser mucho más severas: pueden echarse por la borda décadas de fortalecimiento de la dinámica de integración europea. Europa no ha funcionado en esta primera gran crisis de la zona monetaria común. En realidad, la crisis aquí es realmente una crisis en la que su dimensión política es la relevante. Los operadores en los mercados cotizan y aprovechan la confusión, la incapacidad para resolver con la misma disposición y unidad de criterio que se hace en la economía estadounidense.

Impedir que los mercados de bonos sigan atacando a los Gobiernos de la eurozona, poniendo en peligro el bienestar de los ciudadanos, es la primera exigencia. Las ofrendas en la forma de decisiones de ajuste presupuestario o la adopción de reformas en la dirección de una mayor flexibilidad de los mercados de factores ya están lanzadas. Algunas de ellas no van a facilitar de forma inmediata el crecimiento económico y el del empleo. La decepción de los ciudadanos con el proyecto europeo sería todavía mayor si sus instituciones y las autoridades nacionales no arbitran rápidamente, cuando menos, un eficaz cortafuegos. La ampliación de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (EFSF), la continuidad del programa de adquisición de bonos públicos por el BCE son parte del mismo. Y lejos de albergar dudas, hay que mantenerlos el tiempo que haga falta haciéndolos suficientemente explícitos. Son compatibles con el mecanismo de rescate propuesto por Alemania a partir de 2013.

En una perspectiva de medio plazo es de todo punto razonable adoptar ya decisiones que señalicen las intenciones de reducción de esa asimetría entre una unión monetaria completa y una unión económica casi vacía. Que sean consecuentes con la naturaleza esencialmente política de las razones por las que esta crisis se ha particularizado en la eurozona. Completar la unión económica significa hoy avanzar en la federalización fiscal. La renovada propuesta de emisión de bonos europeos del presidente del Eurogrupo es básicamente correcta: incorpora muchas más ventajas que inconvenientes, especialmente en momentos excepcionales como el actual. No es la única vía para conseguir ese propósito, pero es adecuada a las circunstancias actuales y no excluye otras decisiones con el mismo propósito: disponer de aproximaciones comunes y mecanismos de decisión que impidan los desencuentros intraeuropeos ahora exhibidos y comprendan situaciones sistémicas, no individuales.

No es fácil liquidar la integración monetaria de Europa, pero puede derivarse en su fragmentación si persiste esa pedagogía germana de "la letra con sangre entra" y la alimentación de la incertidumbre política. En mayor medida si las economías a las que se trata de aplicar, como la española, no tienen unas finanzas públicas mucho más distantes de los compromisos intraeuropeos que los de la propia Alemania. Si a la sincronía de políticas procíclicas por todos los países añadimos la ausencia de protección en los mercados de deuda pública, el resultado no será precisamente la mejora de las condiciones de vida en la eurozona, incluidas Francia y Alemania.

La segunda reforma financiera

Jordi Sevilla - EL MUNDO - 19 de diciembre de 2010

         

No quisiera contribuir a una subida en la prima de riesgo de la deuda española por plantear algunas reflexiones críticas sobre la estrategia seguida en la reforma financiera nacional. Dado que los informes de Moody’s y de UBS conocidos esta semana han elevado la sensibilidad, utilizaré datos públicos del Banco de España para argumentar mi razonamiento.

Confirmado que no sabemos desinflar burbujas especulativas sin que estallen, la respuesta a esta crisis que nos ha puesto al borde del abismo ha tenido cosas comunes, como la inyección sin límite de liquidez para evitar la caída de un capitalismo que no puede funcionar sin bancos, pero ha sido diferente en España respecto a la gestión de riesgos y de las necesidades de capital. Mientras en el resto de países se ha dejado que el precio de los activos tóxicos se hundiese incluso hasta hacer quebrar a grandes entidades financieras, que han sido compradas por otras o nacionalizadas por el Estado, aquí hemos optado por diluir el problema aplicándole tratamiento, en lugar de cirugía, aun a riesgo de resultar una opción más lenta y con mayores efectos secundarios.

El primero, que seguimos teniendo atascado el circuito del crédito a la economía real. En palabras del documento Situación y perspectivas del sector bancario español (Diciembre de 2010) del Banco de España, «el crédito al sector privado residente sigue registrando tasas de variación interanuales negativas» sin que «puedan descartarse tasas de variación del crédito negativas en los próximos meses». Es decir, tres años después del inicio de la crisis, nuestro sistema financiero nacional no ha recuperado todavía su principal función, aquella que justifica su razón de ser: proporcionar créditos a familias y empresas.

La tesis oficial de las autoridades monetarias apunta a la debilidad del sector real de la economía como responsable de esa situación: no se dan créditos porque no se solicitan. Pero con esa interpretación se empieza a narrar desde la mitad de la historia. Es decir, olvida que la secuencia completa se inicia con unas entidades financieras españolas que empujaban a empresas y familias a solicitar créditos, el siguiente fotograma incluye el estallido de la burbuja en EEUU, seguida del cierre de los mercados internacionales, lo que provocó una sequía total de crédito en nuestro país. Esta sequía crediticia fue la que cerró empresas y lanzó al paro a dos millones de personas que, ahora, ya no pueden pedir créditos.

La Comisión Europea ha recordado en su reciente informe trimestral que la evolución burbujeante del mercado inmobiliario y su financiación se encuentran en el corazón de la reciente crisis financiera, también, en España. Es verdad que aquí no tuvimos subprimes, pero no hemos estado inmunes a la crisis por nuestras necesidades de financiación externas y por nuestros propios activos enfermos en forma de ladrillo y cemento.

Restablecer una corriente positiva de créditos debería ser el objetivo principal de cualquier reforma del sistema financiero ya que, en el límite, crea más empleo la concesión de financiación a una empresa que la reforma del mercado laboral.

Es cierto que, en una primera fase, nuestra sequía crediticia ha venido marcada por el cierre de la financiación exterior de la que tanto hemos dependido (hasta el 10% del PIB). Pero en la segunda fase, una vez reabierto el mercado mayorista, se ha impuesto otra realidad: los problemas de nuestro sistema financiero con los activos tóxicos patrios que han mermado liquidez al sistema y solvencia a algunas partes del mismo, hasta el punto de justificar, por sí mismos, el parón del crédito.

Por regresar a datos del mismo documento del Banco de España, «la inversión potencialmente problemática del sector bancario español en construcción y promoción asciende a 180.800 millones de euros en junio de 2010». Negar que esa situación, más las provisiones obligatorias y la incertidumbre derivada de su evolución potencial, está limitando las disponibilidades crediticias del sistema, sería negar lo obvio.

Por tanto, tenemos un problema, no hay crédito al sector real, y un origen del problema, el tapón de ladrillos que sigue bloqueando el circuito. ¿Y qué hemos hecho para abordar nuestro problema financiero diferencial? ¿Permitir un ajuste rápido del precio de los pisos para aplicar cirugía como en otros países? ¿Crear un banco malo que concentre el excesivo riesgo inmobiliario, aliviando al conjunto del sistema? No. Hemos reformado las cajas de ahorros para conseguir tres objetivos: reducir capacidad instalada, aproximar sus instrumentos de captación de capital a los bancos y profesionalizar más los órganos de gobierno. Bueno. No digo que esté mal, pero es como poner a hacer gimnasia a un hambriento: provocarle agujetas sin quitarle el hambre.

No hay duda de que la canciller alemana no ha demostrado sus mejores cualidades de liderazgo europeo durante los ataques de los mercados al euro, ni que la respuesta institucional de la Unión Europea a ataques que encierran una duda razonable respecto al grado de solidez de la unión monetaria no ha sido óptima como muestra el actual debate sobre la emisión de eurobonos. Pero no podemos buscar fuera, sólo, una explicación a las dudas que los mercados, las agencias y los analistas tienen respecto al futuro de la economía española.

Algunas cosas tendremos que hacer, dentro, de forma diferente y adicional a lo ya hecho para responder con realidades a los retos que condicionan nuestra evolución futura y, con ella, las posibilidades de devolver, dentro de 10 años, lo que pedimos prestado ahora. Y de ese ejercicio de introspección no puede quedar exento el sistema financiero español, por muchas jaculatorias optimistas que le apliquemos.

El modelo de absorción gradual de riesgos derivados de un exceso de endeudamiento fue la respuesta a la crisis de la deuda externa de América Latina en los años 80. Y tuvo tres consecuencias nefastas: una década perdida para el continente, masiva conversión de deuda privada en pública y la asunción paulatina de grandes cantidades de pérdidas por los prestamistas. Tres razones de peso para no hacer lo mismo, ahora, en España. 

Polarización Social y Crisis

Vicenç Navarro catedrático de Universidad - PÚBLICO - 23 de diciembre de 2010

Una de las mayores consecuencias de la crisis es la polarización de las rentas y de la propiedad

La banca y las grandes empresas tienen una excesiva influencia sobre los gobiernos

Uno de los mensajes que se están extendiendo más ampliamente entre la mayoría de la población, no sólo en España sino también en la mayoría de países de Europa y de Norteamérica, es que las próximas generaciones van a tener unos estándares de vida más bajos que los actuales. Se dice que la causa de ello es que “desde hace tiempo estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades”. De esta percepción se derivan las políticas de austeridad promovidas por los establishments financieros, económicos, mediáticos y políticos, que tienen como objetivo reducir los estándares de vida de las clases populares, subrayando la necesidad de vivir más modestamente de lo que vivimos ahora, pues los recursos del país no dan para más. Se acentúa en este mensaje que los hijos y nietos de las generaciones futuras vivirán con niveles de vida inferiores a los de sus padres y abuelos.

Este mensaje se ha ido repitiendo durante los últimos 20 años y ha alcanzado la categoría de dogma. Y como todo dogma se reproduce más a base de fe (la fe neoliberal) que a base de evidencia científica. En realidad, los datos muestran que la riqueza, medida por su PIB per cápita, ha aumentado en todos los países de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo, del cual España forma parte) desde la II Guerra Mundial. Este crecimiento, tras unos años de recesión, ha continuado en la mayoría de países de la OCDE. Y es inconcebible que, una vez que las economías se recuperen, la riqueza de estos países disminuya. ¿Cómo puede ser entonces que, siendo los países cada vez más ricos, se pronostique que la mayoría de la población será cada vez más pobre?

Para responder a esta pregunta hay que entender la evolución de la distribución de la renta y de la propiedad que se ha ido produciendo en estas sociedades. El crecimiento de la riqueza de un país depende primordialmente del tamaño de la población que trabaja y de su productividad. Y ambos factores han ido creciendo. El primero ha sido resultado fundamentalmente de la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y el segundo es consecuencia de muchos factores, desde la formación del trabajador a la inversión técnica en los puestos de trabajo y a mejores sistemas de organización y participación en el mundo laboral. Consecuencia de todos estos factores es que la riqueza que se ha ido produciendo en la mayoría de países ha sido considerable. Pero, y ahí está un punto clave, no todos se han beneficiado por igual.

La riqueza producida por el mundo del trabajo no ha revertido proporcionalmente sobre los trabajadores. Así, en EEUU, uno de los motores de la economía mundial, el crecimiento de la productividad por hora trabajada ha crecido mucho más rápidamente que el salario horario desde 1995. Y, desde 1999, el crecimiento de tal salario ha descendido notablemente, mientras que el crecimiento de la productividad ha continuado creciendo. Ello significa que las rentas generadas por el incremento del producto no han ido tanto a los salarios como a la clase empresarial y a la clase financiera, que guarda y especula con estas rentas. La evidencia científica muestra que, a mayor desigualdad de rentas en un país, mayor es el desarrollo del sector financiero. Es decir, que a mayor concentración de las rentas y de la riqueza en un país, mayor es el ahorro y la especulación.

El porcentaje de las rentas nacionales derivadas del trabajo ha ido descendiendo en EEUU y en la mayoría de países de Europa (incluyendo España), mientras que las rentas del capital han ido aumentando. Dentro de las rentas del trabajo, los salarios son los que representan el porcentaje más bajo de la renta nacional, que ha alcanzado en EEUU, y en la mayoría de países de la OCDE, el porcentaje más bajo desde 1945. En realidad, la situación de las familias trabajadoras se ha deteriorado marcadamente, deterioro que ha sido incluso más acentuado como consecuencia de la crisis. Los salarios en EEUU, por ejemplo, han bajado un 2% durante el periodo 2008-2010, mientras que los beneficios empresariales han subido un 57%. Esta situación ha dado pie a grandes desigualdades.

Y esto ha ocurrido también en España. En realidad, España es uno de los países europeos con mayores desigualdades. La renta disponible de la decila superior en España es 10,3 veces mayor que la renta de la decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE. Si en lugar de renta hablamos de propiedad, la situación es incluso peor. La concentración de la riqueza en España es de las más acentuadas en la OCDE. Así, el 10% de las familias posee el 58% de toda la propiedad. En realidad, el 1% de la población de renta superior posee el 18% de toda la propiedad. La gran mayoría de la población tiene escasísima propiedad. Como punto de comparación, en Finlandia el 1% de la población más rica posee el 10% de la propiedad, y el 10% posee el 45% de la propiedad.

Esta concentración de la riqueza, que se realiza a costa del bienestar de la mayoría de la población, explica el relativo empobrecimiento de las clases populares y también, por cierto, las crisis que estamos viviendo. El enorme endeudamiento de estas clases populares se debe a la pérdida de su capacidad adquisitiva. Y las enormes crisis bancarias se deben a la enorme concentración de la riqueza y de las rentas y su utilización en actividades especulativas.

Las causas de esta polarización social son políticas y se reducen al enorme poder que el capital financiero (la banca) y los grandes empresarios tienen sobre el Estado. Y la población lo sabe. Según las últimas cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas, la gran mayoría de la población indica que los bancos tienen más poder que los gobiernos, mientras que colocan a las grandes empresas casi en el mismo escalón.