Los papeles del Departamento de Estado muestran los límites de la política exterior de Estados Unidos. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton ha calificado de ataque a la comunidad internacional la publicación de los documentos de su departamento filtrados a Wikileaks y cuya difusión han hecho cinco diarios de referencia de Europa y Estados Unidos. Fue Wikileaks, organización creada con el objetivo de dar a conocer informaciones de interés público que poderes diversos pretenden mantener ocultas, quien obtuvo y divulgó filtraciones relacionadas con las guerras de Afganistán e Irak que las autoridades norteamericanas consideraron secretas.
The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y EL PAÍS están publicando, y según dicen sometidos a cautelas deontológicas en algunos casos, los 250.000 informes del Departamento de Estado y comunicaciones con sus embajadas en todo el mundo obtenidos por Wikileaks en los que se revelan informaciones y opiniones de indudable interés para el público.
De acuerdo con la Convención de Viena, las embajadas están autorizadas a obtener cualquier información de los Estados ante los que se encuentran acreditadas siempre que sea a través de medios lícitos. La información contenida en los documentos ahora conocidos no prueba que Estados Unidos haya cometido ninguna ilegalidad; dependerá de los medios que haya empleado para obtenerla. Pero en las instrucciones cursadas desde el Departamento de Estado se reclaman a las Embajadas estadounidenses datos de difícil o imposible acceso mediante procedimientos aceptados. Los documentos conocidos demuestran una excesiva tendencia de los organismos oficiales de Estados Unidos, y probablemente también de otros países, a clasificar como reservadas o secretas informaciones que no deberían serlo. La transparencia es la principal garantía contra la arbitrariedad en el comportamiento de los poderes públicos, incluida la corrupción. Las relaciones diplomáticas no deberían convertirse en un reducto al margen de la exigencia de transparencia.
Por lo que hace referencia a España, entra dentro de la tarea propia de una embajada preocuparse por los asuntos judiciales que afectan a su Gobierno o a ciudadanos de su país y hacer las gestiones pertinentes para que se resuelvan de forma favorable o menos dañina para sus intereses. Pero tratándose de asuntos sometidos a la justicia es obligado cuidar las formas: esas gestiones no pueden producirse directamente sobre los órganos jurisdiccionales, de modo que deriven en actos de presión sobre su independencia. No solo es cuestión de buenos usos diplomáticos, sino de respeto a las reglas del Estado de derecho, se trate de España o de Estados Unidos y de cualquier otro país que se quiera democrático.
Dos opiniones al respecto:
Filtraciones dañinas
Thomas Genton, consejero de Prensa, Cultura y Educación de la Embajada de EE UU - EL PAÍS - 28/11/2010
Con la publicación de secretos, Wikileaks pone en peligro la vida de unas personas que nos protegen
El presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton consideran prioritario revitalizar las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Han dedicado muchos esfuerzos a fortalecer nuestras alianzas actuales y a construir otras nuevas para hacer frente a los retos comunes -entre ellos el cambio climático, la amenaza que representan las armas nucleares y la lucha contra la enfermedad y la pobreza-, con el fin de garantizar la seguridad general.
Con la publicación de secretos, Wikileaks pone en peligro la vida de unas personas que nos protegen España es un socio valioso de Estados Unidos, tanto en nuestra relación bilateral como en foros internacionales de la importancia de la OTAN y Naciones Unidas. Nuestros pueblos tienen lazos históricos y culturales, valores y aspiraciones comunes; y nuestros dos Gobiernos mantienen un diálogo sincero y abierto sobre numerosos intereses compartidos y una relación de trabajo sólida y productiva que, a nuestro juicio, va a seguir creciendo.
En los últimos días, los medios de comunicación han hablado de unos documentos supuestamente descargados de ordenadores del Departamento de Defensa estadounidense. Según parece, contienen opiniones de nuestros diplomáticos sobre políticas, negociaciones y líderes de países de todo el mundo, además de informes sobre conversaciones privadas con personas de dentro y fuera de otros Gobiernos.
No puedo dar fe de que sea auténtico ninguno de los documentos distribuidos a través de Wikileaks. Pero sí puedo decir que la Embajada y el Gobierno de Estados Unidos lamentan profundamente -y condenan- que se dé a conocer cualquier información que debería ser confidencial. Los diplomáticos deben mantener conversaciones francas y abiertas con sus colegas y tienen que poder estar seguros de que esas conversaciones van a permanecer en secreto. El diálogo sincero, tanto entre los miembros de un Gobierno como entre unos Gobiernos y otros, forma parte del acuerdo esencial en el que se basan las relaciones internacionales; sin él no podríamos mantener la paz, la seguridad ni la estabilidad internacional.
No me cabe duda de que los embajadores de otros países en Estados Unidos dirían lo mismo. También ellos necesitan poder intercambiar opiniones sinceras con sus homólogos de Washington y enviar a sus Gobiernos las valoraciones que hacen de los dirigentes, las políticas y las actuaciones estadounidenses.
En cualquier caso, es importante subrayar que los informes internos de los diplomáticos no representan la política exterior oficial de un Gobierno. En el caso de Estados Unidos, no son sino un elemento más de los muchos que componen nuestras políticas, de las que son responsables supremos el presidente y la secretaria de Estado.
Y esas políticas son de conocimiento público, puesto que llenan miles de páginas de discursos, declaraciones, informes y otros documentos que el Departamento de Estado pone a libre disposición de todo el mundo a través de su página web y otros medios.
Pero las relaciones entre los Gobiernos no son lo único que nos preocupa. Los diplomáticos estadounidenses destacados en todo el mundo se reúnen con activistas locales de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos y otras personas independientes que ofrecen sus opiniones sinceras. También esas conversaciones dependen de que exista confianza y seguridad entre ellos. Si un activista comparte información sobre conductas improcedentes o casos de corrupción en un Gobierno, o un asistente social proporciona pruebas de violencia sexual, hacer pública la identidad de esa persona podría tener repercusiones graves: cárcel, torturas e incluso muerte.
Los dueños de Wikileaks afirman que poseen alrededor de 250.000 documentos secretos, muchos de los cuales han dado a conocer en los medios de comunicación. Sean cuales sean sus motivos para publicar estos documentos, es evidente que su publicación pone en peligro real a unas personas de carne y hueso, a menudo unas personas que han dedicado su vida a proteger a otros. Una acción que pretende provocar a los poderosos puede acabar poniendo en peligro a quienes no lo son. Apoyamos y deseamos que se mantengan debates genuinos sobre cuestiones políticas apremiantes. Pero publicar despreocupadamente unos documentos sin tener en cuenta las consecuencias no es la forma de iniciar ese debate.
El Gobierno de Estados Unidos se compromete a conservar la seguridad de sus comunicaciones diplomáticas y está tomando medidas para garantizar su confidencialidad. Vamos a emprender las acciones necesarias para que no vuelva a producirse una brecha como esta. El presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton tienen el empeño categórico de ser unos socios dignos de confianza en la tarea de construir un mundo mejor y más próspero para todos.
Aprendizaje cívico
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - EL PAÍS - 29/11/2010
Los Papeles del Pentágono sobre Vietnam ayudaron a salvar vidas inocentes
La publicación de estas informaciones y la transparencia mejora la salud de las democracias
Si de algo podemos dar testimonio los periodistas es de cómo a lo largo de los últimos años la información, las noticias, nuestro trabajo, se ha ido haciendo cada día más difícil debido a la opacidad, la falta de transparencia, el gusto por el secretismo y la creciente capacidad de manipulación de los datos exhibida por organismos oficiales y entidades privadas. En algunos países se ha intentado poner freno a ese tsunami a través de leyes que obligaran a los organismos oficiales a difundir parte de la información de que dispone o que manejan, las llamadas Freedom Information Acts (inexistente todavía en España). Aun así, millones de documentos han quedado fuera de esas leyes al aplicárseles, muchas veces de manera rutinaria y poco razonada, la categoría de "clasificados" o de "secretos".
La aparición de Wikileaks ha venido a cambiar radicalmente ese panorama. Creada en 2006 y presidida por el australiano Julian Assange, tiene por objetivo proporcionar a los ciudadanos noticias e informaciones importantes que consigue gracias a filtraciones a las que, mediante un imponente esfuerzo tecnológico, ofrece total anonimato. Personas que tienen acceso a informaciones que consideran de relevante interés público pueden ahora depositarlas en una "caja electrónica" que garantiza una total protección de la fuente. Pero Wikileaks no se limita a recoger esa información y lanzarla después a la web, sino que la somete a un serio escrutinio para verificar su autenticidad y, posteriormente, a la investigación de periodistas que trabajan de acuerdo con principios profesionales y éticos y que se encargan de su comprobación y análisis, facilitando la comprensión y el contexto de todo ese material inicial. Los responsables de Wikileaks y los periodistas que acceden a esas informaciones están comprometidos profesional y voluntariamente a eliminar o posponer detalles que puedan poner en peligro la vida de personas o la integridad de las fuentes.
La primera gran filtración de Wikileaks fue el video que demostró como soldados norteamericanos mataron a un fotógrafo de Reuters, a su ayudante y a nueve personas más, sin que en ningún momento ninguno de ellos hubiera hecho el menor gesto que pudiera ser interpretado como una amenaza por la tripulación el helicóptero agresor. La agencia Reuters había pedido reiteradamente ese video, sin que las autoridades competentes hubieran aceptado la obligación de proporcionarlo.
Poco después, el 25 de junio de este año, los diarios The New York Times y The Guardian y el semanario Der Spiegel difundieron un conjunto de informaciones relacionadas con 92.000 documentos sobre la guerra de Afganistán facilitados por Wikileaks y el 22 de octubre se hicieron públicos casi 400.000 documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos relacionados con la guerra de Irak, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2009. Por primera vez, se constató que las autoridades norteamericanas conocían el uso sistemático de la tortura, que las víctimas en Irak se cifraban oficialmente en 109.032 muertos y que el 63% eran civiles.
La principal acusación que se formula siempre contra periodistas y medios que publican documentos clasificados como secretos por los Gobiernos de países democráticos es que se pone en peligro la vida de personas, o la propia seguridad del Estado. Fue la misma acusación que se formuló contra The New York Times o The Washington Post cuando publicaron, en 1973, los famosos Papeles del Pentágono, el exhaustivo análisis encargado por el propio Secretario de Defensa Robert McNamara sobre la implicación de Estados Unidos en el conflicto de Indochina.
En aquella ocasión, el Tribunal Supremo norteamericano emitió una sentencia histórica, apoyando el derecho de publicación y afirmando que era la Administración la que debía demostrar en cada caso y en cada artículo que existía realmente ese riesgo. "Todo sistema de censura previa del que conozca este Tribunal tiene una fuerte presunción de estar viciado de inconstitucionalidad", afirmaba el Supremo. Ninguna de aquellas informaciones publicadas por el New York Times o por el Washington Post puso nunca en peligro la vida de personas, ni la seguridad nacional de un Estado democrático. En aquel caso, como en los suscitados ahora por las filtraciones de Wikileaks, ocurrió exactamente lo contrario. La información ayudó a salvar vidas inocentes y a mejorar la salud de las democracias fortaleciendo su transparencia y su responsabilidad.
"La publicación (de estas informaciones) mejora la transparencia, y esa transparencia crea una mejor sociedad para todo el mundo. Una mejor vigilancia permite reducir la corrupción y hacer más fuertes a todas las instituciones de la sociedad, incluidos los Gobiernos, corporaciones y todo tipo de organizaciones. Unos medios periodísticos vibrantes, sanos e inquisitivos juegan un papel vital en alcanzar esos objetivos. Somos parte de esos media", asegura la carta de presentación de Wikileaks. Quienes participamos ahora de esta historia compartimos la creencia de que los medios de información responsables deben intentar no solo responder a las preguntas que se hacen los ciudadanos sino, sobre todo, ayudarles a formular las preguntas correctas, esenciales precisamente para su comportamiento cívico. La primera de esas preguntas es siempre "¿Quién decide por mí? ¿Cómo ha llegado a esta decisión? ¿Qué datos maneja y qué objetivos persigue en mi nombre?". La nueva filtración de Wikileaks supone un gran avance en ese aprendizaje.
